Acabo de escuchar una declaración del consejero de la comunidad de Madrid en la que hablaba del incremento de nuevos casos de COVID19, y me llena de preocupación la confusión en esos niveles de responsabilidad administrativa. Los presidentes de otras comunidades (País Vasco y Aragón) decían que estaban estudiando incrementar las restricciones de contacto entre las personas, recientemente retiradas ante la baja incidencia. El consejero de Madrid decía que no se incrementarían las restricciones, sino que bastaba con el alto porcentaje de vacunación. Nunca se dijo que la vacuna evitara completamente el contagio, disminuía la transmisión, pero no la posibilidad de contagio. En consecuencia la vacunación no basta para disminuir la incidencia. La vacunación sirve para evitar la forma grave de la enfermedad, y eso se ha demostrado a lo largo de estos meses. La incidencia se controla con restricciones de contacto (alejamiento y aforamiento de locales cerrados) pues el uso de la mascarilla ni se discute. Por otra parte se dice en los medios que la mayor parte de los contagiados ingresados son no vacunados. Casi once meses después del inicio de la vacunación, aún hay ciudadanos que se atreven a tensionar de nuevo el sistema de atención sanitaria, sobrecargando a los agotados profesionales de equipos de protección individual, y medidas de autocuidado, y a los centros sanitarios del coste económico de gastar dinero en estos dispositivos, y el coste administrativo de disponer de espacios separados para los infectados y restricciones en el libre acceso del resto de usuarios. Como la libertad de cada uno termina en el momento que afecte a otros ciudadanos, los que han tomado la decisión de no vacunarse por creencias materiales o espirituales, deben hacerse responsable de las consecuencias de su decisión, con respecto al resto de la ciudadanía. Sería justo que los voluntariamente no vacunados se hicieran cargo de los gastos de asistencia primaria y hospitalaria por la infección del COVID19.
